Hoy se ha celebrado reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas donde se ha ratificado que UGT Servicios Públicos es la primera fuerza sindical en el conjunto de las Administraciones públicas, con una representatividad del 34,66% y 5 miembros en la Mesa. El sindicato ha reclamado en la Mesa iniciar con urgencia la negociación de la subida salarial de las empleadas y empleados públicos para 2025 y el Ministerio ha manifestado que convocará en el mes de enero.
El Gobierno ha resaltado la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social, apostando por el consenso por una Administración abierta. En este sentido, UGT Servicios Públicos ha señalado la necesidad de un nuevo acuerdo plurianual que asegure más y mejor empleo público, eliminando la tasa de reposición de efectivos; más derechos laborales, fomentando la carrera profesional y mejoras salariales para el conjunto de los empleados públicos. Un segundo acuerdo que complementaría al anterior pacto, firmado en 2022, y que debe responder a las expectativas de los empleados públicos y a la mejora de la calidad de los servicios públicos de nuestro país.
El sindicato ha puesto sobre la mesa que el nuevo acuerdo, en materia retributiva, debe garantizar el incremento y recuperación del poder adquisitivo, el progresivo desarrollo de pagas extraordinarias completas, el incremento de trienios, así como dejar a la negociación colectiva tanto el porcentaje de la masa salarial a destinar a la acción social como el posible destino de fondos a planes de pensiones de empleo.
En materia de empleo y derechos, se deben modificar las cuestiones relativas a la agilidad y economicidad en los procesos de acceso, promoción, provisión de puestos y movilidad interadministrativa. Además, el sindicato ve fundamental abordar la modificación normativa en materia de salud laboral que posibilite la penalización que corresponda a la Administración pública cuando incumpla sus obligaciones en esta materia.
UGT Servicios Públicos ha reivindicado la elaboración de planes de formación específicos que permitan a las plantillas de los servicios públicos asumir la digitalización de las Administraciones, sin que se produzcan incidencias negativas en el volumen del empleo, derechos, promoción y carrera de los empleados públicos.
El sindicato ha instado al Gobierno a que culmine la clasificación profesional recogida en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, así como impulsar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones normativas necesarias para el desarrollo efectivo de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario de nuestro país.
