Desde UGT Servicios Públicos queremos mostrar toda nuestra solidaridad con la educadora del piso tutelado por la Diputación de Bizkaia que el pasado 10 de julio fue víctima de un intento de apuñalamiento por parte de un usuario del centro. Hechos tan graves como este no pueden seguir normalizándose en el trabajo diario de quienes velan por la protección, educación y acompañamiento de menores en conflicto.
Las trabajadoras y trabajadores del sistema de protección y reforma llevamos años sufriendo agresiones físicas, amenazas, sobrecarga, abandono institucional y condiciones laborales indignas, sin que exista un protocolo estatal que garantice entornos seguros ni una apuesta clara por la prevención de riesgos reales.
Este suceso pone de manifiesto:
• La necesidad urgente de que las Administraciones Públicas exijan a las entidades gestoras la garantía total de la salud laboral de las personas trabajadoras..
• La urgencia de establecer un marco mínimo regulador estatal de condiciones laborales, especialmente en lo relativo a ratios mínimas de personal por centro y turno, formación obligatoria y supervisión técnica.
• Que es imprescindible una financiación suficiente por parte de las Administraciones para evitar la precariedad estructural del sector, que es caldo de cultivo para el desgaste psicosocial y la inseguridad..
También es el momento de recordar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
Cuando exista un riesgo grave e inminente para la integridad física de las personas trabajadoras, la representación sindical tiene la facultad de paralizar la actividad y poner denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Exigimos a las Administraciones públicas competentes:
• La implantación urgente de protocolos de seguridad y actuación ante agresiones en todos los centros del territorio.
• El reconocimiento del riesgo laboral que implica el trabajo en este ámbito. • Una evaluación unificada de riesgos psicosociales y físicos en el sector. • Dotaciones suficientes de personal, ratios adecuadas y formación específica obligatoria en gestión de crisis y prevención de conflictos.
No vamos a tolerar que trabajar en un centro de menores pueda costar la vida a una profesional.
