La central denuncia que más de 13.200 personas con derecho reconocido en la CAPV siguen sin prestación efectiva y que la demora media supera los cuatro meses
UGT Zerbitzu Publikoak ha presentado la campaña «Por la dignidad de los cuidados», una iniciativa sindical y social que se extenderá durante todo un año y pretende llegar a trabajadoras de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia junto a personas usuarias y familias para concienciar sobre un principio irrenunciable: sin dignidad en el empleo no hay dignidad en el cuidado.
Desde el sindicato subrayan que cuidar requiere conocimientos especializados, alta responsabilidad y un esfuerzo físico y emocional constante que las administraciones y patronales no pueden seguir sosteniendo sobre la precariedad laboral.
UGT Zerbitzu Publikoak ha detallado las cifras oficiales que evidencian la brecha entre los trámites burocráticos y la atención real que reciben las personas en la CAPV:
• Lista de espera en Euskadi: Al cierre de 2025, de las 88.036 personas con derecho a prestación reconocido, solo 74.802 disponían de prestación efectiva. La diferencia deja a 13.234 personas dependientes a la espera de un recurso asignado, sin contar a quienes aguardan todavía la valoración inicial.
• Demora inasumible: El tiempo medio para obtener la primera resolución asciende a 129 días (unos 4,3 meses). Esta espera no garantiza el inicio inmediato del servicio y durante ella fallecieron en Euskadi 2.055 personas a lo largo de 2025 (10 sin valorar y 2.045 esperando prestación).
• Ayuda a domicilio insuficiente: Para el Grado I (dependencia moderada), la media efectiva en Euskadi fue de apenas 19,68 horas mensuales al cierre de 2025. Esto supone unos 39 minutos al día, tiempo claramente escaso para cubrir higiene, alimentación y acompañamiento, lo que traslada una carga excesiva a las familias.
• Plazas residenciales y control público: Euskadi cuenta con 19.584 plazas en 299 residencias (70 públicas y 229 privadas). De ellas, 14.992 tienen financiación pública y 4.592 privada. UGT advierte de que la titularidad privada de los centros no exime a las administraciones de supervisar rigurosamente las ratios, las condiciones laborales y la calidad del servicio.
Para transformar de raíz el modelo actual, UGT Servicios Públicos plantea diez medidas urgentes para dignificar el empleo y garantizar una atención digna:
- Financiación pública suficiente y transparente: Inversión estable que revierta de forma directa en ampliar servicios, acortar esperas y mejorar el empleo.
- Prioridad al sistema público profesional: Fortalecer la red pública frente al recurso sustitutorio de prestaciones económicas a familiares.
- Mejora de ratios y plantillas reales: Cobertura total de ausencias y refuerzo del personal presencial en cada turno (incluidas noches y fines de semana).
- Salarios de convenio justos: Retribuciones claramente por encima del SMI y con garantías para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
- Erradicación de la parcialidad involuntaria: Fomento de contratos a jornada completa que impidan situaciones de pobreza laboral en un sector feminizado.
- Valoración de puestos con perspectiva de género: Reconocimiento técnico, salarial y funcional de la complejidad del trabajo en dependencia.
- Salud laboral y reconocimiento de patologías: Reconocimiento como profesionales de los trastornos musculoesqueléticos derivados de la movilización y prevención activa frente a riesgos psicosociales y burnout.
- Formación continua dentro de la jornada: Capacitación técnica especializada vinculada a itinerarios de promoción profesional transparentes.
- Protección social y jubilación anticipada: Cobertura salarial completa durante bajas laborales, jubilación parcial y coeficientes reductores de edad para la jubilación anticipada.
- Contratación pública socialmente responsable: Licitaciones públicas con presupuestos actualizados que cubran salarios y sustituciones, primando la calidad de la atención frente a la baja económica.
