Para UGT Servicios Públicos la violencia machista es una lacra social cuya erradicación es una prioridad. El derecho a vivir una vida sin violencia requiere de servicios públicos de calidad, de ahí que este año, 2022, hemos nombrado nuestra campaña por el 25 de Noviembre: Alerta: Servicios Públicos contra la violencia machista.
El compromiso de las instituciones debe traducirse en un sistema de actuación y coordinación integral que se haga efectivo a través de la dotación de recursos, de instituciones con capacidad de impulsar, coordinar y diseñar políticas públicas, de la sensibilización, información y formación del conjunto de agentes implicados y de la evaluación de las respuestas diseñadas para poner fin a la violencia.
Para UGT Servicios Públicos es fundamental garantizar respuestas eficaces y de calidad a las mujeres que sufren violencia de género y acuden a los servicios públicos en busca de recursos para salir de dicha situación.
Con motivo del 25 de noviembre desde UGT Servicios Públicos queremos poner el foco y exigir que:
Son necesarios servicios públicos dotados de presupuestos y plantillas especializadas, que puedan acometer tanto la prevención, como la atención, el seguimiento y procesos de recuperación de las mujeres que sufren violencia machista.
Por ello proponemos y exigimos las siguientes medidas:
1.- Desarrollo de un sistema de actuación y coordinación integral que se haga efectivo a través de los servicios públicos con capacidad de impulsar, coordinar y diseñar políticas públicas en materia de violencia de género.
2.- Desarrollar mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, así como asegurar su continuidad con carácter permanente, como política gubernamental básica en la lucha contra la violencia machista.
3.- Impulsar la realización de campañas de sensibilización, información y prevención dirigidas al conjunto de la sociedad para la identificación, tratamiento y reparación de todas las formas de violencia machista, de modo que se posibilite la eliminación de los principios y creencias que la perpetúan.
4.- Mejorar y superar el modelo de intervención asistencial existente, fomentando la autonomía, a todos los niveles (personal, económico, social) de las mujeres víctimas de violencia machista, mediante la mejora de las medidas diseñadas, así como de los recursos destinados a acabar con la violencia machista.
5.- Fortalecer los recursos destinados a la atención a las víctimas de violencia machista. Reforzar los mecanismos de coordinación de la red de servicios multinivel (estatal, autonómico y local), existentes, de modo que la atención a las mujeres que sufren violencia de género tenga el carácter integral que necesitan.
6.- Aumentar los recursos públicos para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género, garantizando el acceso a recursos especializados.
7.- Asegurar la inserción laboral y un empleo de calidad para las víctimas de violencia de género.
8.- Introducir en la negociación colectiva, así como en los planes de igualdad, garantías de protección laboral para las víctimas de violencia de género, que vayan desde el desarrollo de protocolos a la implementación de medidas tales como: apoyo psicológico, médico y jurídico especializado, así como facilitar permisos retribuidos que eviten una merma económica.
9.- Los servicios públicos destinados a erradicar la violencia de género deben ser de prestación directa por parte de la administración de modo que se posibiliten las mejores respuestas de intervención y actuación ante esta lacra. Si bien, ante la externalización de estos servicios, no debe permitirse la precarización de las condiciones laborales, debiendo garantizarse condiciones dignas y adecuadas a la labor cualificada desempeñada.
10.- Mejorar la difusión de medidas, derechos y servicios dirigidos a las víctimas de violencia de género, que se han puesto en marcha en el marco del desarrollo de medidas de protección integral, mediante la formación e información de las trabajadoras y trabajadores en los servicios públicos implicados en la respuesta a la violencia de género.
