Las jornadas han sido clausuradas por Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones y Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos. En su discurso, el líder sindical, se dirigió al responsable ministerial para reclamarle un marco normativo estatal para acabar con las desigualdades entre ciudadanos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
UGT Servicios Públicos junto a las asociaciones patronales CEAPS, ASADE, AESTE, LARES y FED han analizado durante dos días la situación del sector de la Dependencia en Residencias, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y Centros de Día, un sector con más de 400.000 personas trabajadoras.
Ana Francés, secretaria de Dependencia de UGT Servicios Públicos, ha inaugurado estas “Jornadas, taller de debate para personas negociadoras”, donde se ha debatido sobre el futuro del sector de la Dependencia.
La reciente firma del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, ha supuesto un importante avance en salarios y condiciones laborales en el sector. Sin embargo, el creciente envejecimiento de la población en España y en todos los países del entornos, hacen necesario, un cambio de modelo, que de respuesta a este reto y también al nuevo tipo de usuario de la Dependencia.
A lo largo de dos días se ha analizado cómo la Dependencia se torna en uno de los Pilares del Bienestar con una población cada vez más envejecida y que vive más años, se ha abordado el futuro y los problemas estructurales a los que debemos de hacer frente en los próximos años.
Un pilar del Estado de bienestar que nació infrapresupuestado, como recordado Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, durante su intervención. En su discurso, Lacuerda ha hecho un recorrido histórico desde la aprobación, en 2006, de la Ley de Promoción de Autonomía personal que, en su momento apareció como un hito, pues reconocía un derecho muy importante y que, sin embargo, no tuvo la dotación económica suficiente. El responsable sindical ha hecho hincapié en este problema de financiación, que debe ser finalista, para evitar aún más desigualdades entre la ciudadanía de distintas comunidades en el ejercicio del derecho que les reconoce la ley. Lacuerda también hizo referencia a los efectos negativos de la ley de desindexación en el sector. Unas consecuencias que acaban en una rebaja de la calidad de los servicios y unas malas condiciones laborales de las trabajadoras del sector de la Dependencia, pues la presencia femenina es abrumadoramente mayoritaria. Sobre esto último, el secretario general de UGT Servicios Públicos, ha señalado que no se puede condenar a más de 400.000 trabajadoras del sector a la pobreza y a las malas condiciones laborales. “ Es curioso que, en los albores del siglo XXI, donde la conversación pública sobre la igualdad es tan importante, se pretenda mantener a un colectivo de trabajadoras en estas malas condiciones laborales, con sueldos bajos y un trabajo muy costoso desde el punto de vista emocional, sin duda se va a convertir en un factor de debate político de primer orden” Lacuerda hizo un emotivo reconocimiento a las trabajadoras que día a día sufren estas dificultades y puso sobre la mesa la necesidad de formación y una capacitación reconocida y común en toda España.
Por su parte, Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones, durante su intervención habló de mantener la ambición en el Sector de la Dependencia. “El hecho de envejecer no puede derivar en una pérdida de derechos y para ello debemos hacer un cambio en el rumbo de la política de la Dependencia, en línea con las de los países de nuestro entorno, que ponga en el dentro los derechos de las personas mayores” señaló Álvarez, que también ha expuesto cuál era la situación cuando accedieron al ministerio: “tras una década de recortes, el sector estaba en una situación casi de paro cardiaco y necesitaba ser reanimado. Desde el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, adoptamos una políticas pública con la firma de pactos y acuerdos con los que hemos conseguido quitar la respiración asistida al sector y emprenden cambios estructurales para mejorarlo”. Unos cambios que se han hecho desde el diálogo social y en el seno del Consejo Territorial. “Un lugar más difícil y más trabajoso, pero teníamos el convencimiento de que los compromisos tras este trabajo, serían más duraderos” Gracias a estos cambios, entre los que se encuentra el incremento de la financiación por parte de las comunidades autónomas del 15 al 30%. Además la intención del Gobierno es que las Autonomías mantengan también su financiación.
Ana Francés Secretaria sector Salud, Sociosanitario y Dependencia ha señalado que “debemos seguir avanzando en acuerdos que mejoren las condiciones laborales de las personas trabajadoras, pero no podemos olvidar que la Administración Pública tiene un papel importante en materia de financiación de los servicios externalizados y en la modificación de la Ley de Desindexación, cuestiones esenciales para el sector.”
Para la Secretaria Federal de Dependencia de UGT Servicios Públicos es prioritaria la recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y la mejora global de sus condiciones laborales por lo que el debate realizado hoy con las patronales, es también un avance en el Dialogo para llegar a acuerdos comunes para la mejora del sector.
Durante las jornadas, también se tratado temas como la Inteligencia Artificial y el derechos a la desconexión Digital para las personas trabajadoras. También se ha abordado la atención a los mayores con un modelo centrado en la persona, el futuro de la Dependencia, la profesionalización del sector, la coordinación sociosanitaria, la falta de financiación y la calidad de los servicios son esenciales para el sostenimiento del sistema de la Dependencia y los puestos de trabajo.
Ha tenido un papel protagonista en el debate, los efectos negativos que la Ley de Desindexación en el sector al no poder repercutirse en la Administración que licita los contratos públicos los costes de la mano de obra, lo que tiene un efecto negativo directo sobre la negociación colectiva, por lo que urge una reforma de la misma.
