La Federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi denuncia que la inacción del Departamento de Educación tiene un coste de más 45.000 euros además del gasto de la baja laboral de la trabajadora
Los servicios jurídicos de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Euskadi han obtenido una nueva sentencia favorable en la que el erario público tendrá que abonar más de 45.000 euros a una trabajadora del, IES Antonio Trueba BHI de Barakaldo, ante el incumplimiento de la Delegación Territorial de Educación de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. El responsable de Salud Laboral de los Servicios Públicos de UGT Euskadi y abogado que interpuso la demanda, Antonio González, recuerda que no se trata de la primera condena que recibe la administración pública vasca en uno de sus departamentos y advierte que precisamente es la función pública la que debe tener una actitud ejemplar en cuanto a materia de prevención de riesgos laborales.
El origen de este conflicto surge cuando la demandante, funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria, habiendo desempeñado el cargo de directora en el IES Antonio Trueba de Barakaldo, durante 4 cursos, 2014-2017, encadena varios procesos de IT, algunos de los cuales llegan a ser declarados como derivados de accidente de Trabajo con el diagnóstico de “reacción a estrés grave y trastorno de adaptación”. Todo ello sin que se adopten las medidas preventivas necesarias o se lleven a cabo evaluaciones de riesgos psicosociales para atajar la situación, denuncia el sindicato.
En este sentido UGT recuerda que la primera Evaluación de riesgos psicosociales en el IES Antonio Trueba BHI, es de fecha 20 de abril de 2018, quedando demostrado por tanto, un incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, dónde desde el año 2004, ya se recoge la obligación de realizar este tipo de evaluaciones, cuando en casos como este, la Delegación Territorial de Educación es conocedora de la conflictividad laboral existente en el centro de trabajo.
En este sentido la sentencia del Juzgado Social n.º 1 de Bilbao recoge que aunque la Delegación tenía constancia de la situación, a través de la información recabada por los sucesivos Inspectores de Educación que visitaron el centro de trabajo, se desentendió de sus obligaciones de seguridad y salud para con la trabajadora.
Antonio González, responsable de salud laboral, denuncia que “además del daño evidente a la salud de esta trabajadora, hay que tener en cuenta los 45.000 euros de indemnización, el costo de las bajas laborales de la trabajadora y el sueldo de la contratación para sustituirla, lo que a todas luces no parece una gestión de los recursos económicos muy buena por parte de la Administración vasca”.
