UGT aborda en su consultorio semanal la situación de las personas LGTBI en la negociación colectiva
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha dedicado hoy su consultorio monográfico semanal a analizar la situación del colectivo LGTBI en la negociación colectiva y lo hace tras presentar un estudio “Las personas LGTBI en la negociación colectiva”, que denuncia que sólo tres de cada diez convenios tienen cláusulas de protección laboral a estas personas.
Además, de la totalidad de convenios analizados en el estudio, no hay ninguno con cláusulas que se refieran a las personas trans en el empleo, ni a su protección o a sus necesidades específicas, de manera que las personas trans están totalmente desprotegidas en la negociación colectiva.
El responsable del Área Confederal LGTBI, Toño Abad, ha destacado que el estudio revela un dato alarmante y es que “la gran mayoría de los convenios no contempla medidas de garantía de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral a pesar de todo el esfuerzo realizado desde el sindicato por situar cláusulas de protección en la negociación colectiva”.
“Algo que se debe fundamentalmente”, ha explicado, “a la resistencia de las empresas para aceptar que la diversidad es una parte importante del ser humano en el desarrollo de sus derechos y también a que no hay un marco que englobe todas estas medidas y que las ordene de alguna manera, así como poder trasladar estas herramientas a la negociación colectiva para que se puedan aplicar en los centros de trabajo y erradicar la desigualdad en las empresas”.
Las medidas deben ser efectivas y para ello es necesario que sean de obligado cumplimiento
Toño Abad ha señalado que esta es la segunda parte de un estudio más amplio que se desarrolla en el sindicato para trazar un mapa de la discriminación y que arroja datos muy preocupantes, por eso el sindicato “exige al Gobierno que se tomen medidas efectivas -y no dispositivas- para lograr la igualdad real en los centros de trabajo”.
“Nosotros queremos que las medidas sean obligatorias, un mandato de garantizar la dignidad, igualdad y la libertad de las personas que es lo que estamos constatando que no ocurre en los centros de trabajo y trasladamos al Gobierno la exigencia de obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a establecer planes de igualdad LGTBI que protejan a estas personas y que se desarrollen a través de reglamentos que establezcan el contenido y el alcance de las medidas propuestas. Así como políticas de inserción en el mercado laboral para facilitar que este colectivo que sufre niveles muy altos de exclusión y vulnerabilidad tenga una oportunidad”.
