Según los datos estadísticos de avance correspondientes al periodo enero a septiembre de 2021, facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han producido 280.879 accidentes de trabajo, de los que 148.219 accidentes laborales han causado la baja laboral del trabajador (aumentando este dato en un 0,5% respecto al año anterior), mientras que 132.660 no han producido incapacidad temporal (experimentando un aumento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior).
Desafortunadamente, 171 accidentes acabaron con el fallecimiento de la persona trabajadora, descendiendo esta cifra un 17% respecto a los datos de avance de marzo de 2022, suponiendo 35 muertes menos.
De los accidentes laborales que causaron baja, 128.792 tuvieron lugar durante la jornada de trabajo, descendiendo en un 1,2%. El resto, 19.427 accidentes laborales, fueron registrados in itinere, aumentando en un 13% respecto al mismo periodo del año anterior.
Desagregando por género los accidentes con baja en jornada encontramos que un 72% afectaron a varones y un 28% a mujeres.
DATOS DE LOS SECTORES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Una vez que se ha hecho un análisis de los accidentes de trabajo en todos los sectores, es interesante ver la incidencia de estos accidentes de trabajo en los sectores pertenecientes a los servicios públicos entre los que destacan los sectores de Silvicultura y explotación forestal, Actividades postales y de correos, sector de la Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, el sector de la Educación, el sector de las Actividades sanitarias, la Asistencia en establecimientos residenciales, las Actividades de servicios sociales sin alojamiento y el sector de Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos. Los datos en estos sectores aparecen en la siguiente imagen.
Para nosotros, estas cifras siguen siendo alarmantes, lo que confirma que a la gestión de la prevención de riesgos laborales no se le está dando la importancia que se merece. Mención especial requieren las muertes por infartos y derrames cerebrales, que han alcanzado las 67 sobre el total de fallecimientos y que continúan siendo la primera causa de muerte en el trabajo. En este sentido, el sindicato reitera su insistencia en la posible relación de estas muertes con la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral. Los problemas de salud mental entre la población trabajadora no son atendidos desde la perspectiva de la salud laboral. Los riesgos psicosociales son los peor gestionados en las empresas ya que en muchas ocasiones ni si quiera se evalúan, ni se aplican medidas preventivas para evitarlos.
Por ello, instamos al Gobierno a iniciar las negociaciones en la mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral que se anunció en la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, con el fin de acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación. Una mesa que articule un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata, que reduzca la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.
Además, reclamamos la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal. Esto ayudaría, sin duda, a mejorar la prevención en las pymes de nuestro país que no tiene representación sindical. Es un hecho que los centros de trabajo sindicalizados son centros de trabajo más seguros.
El sindicato exige también la necesidad de dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De igual forma hay que dotar de mayores medios a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades. No podemos consentir que estas muertes queden impunes.
