Mesa sectorial del personal docente no universitario: modificación del Real Decreto 1364/2010

Ayer, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes convocó la Mesa de Personal Docente no Universitario para tratar con las organizaciones sindicales la modificación del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados en el ámbito estatal.

El Ministerio ha propuesto una modificación parcial del Real Decreto en base a un aumento de puntuación por la antigüedad en el centro de destino desde el que se concursa como funcionario de carrera, y el reconocimiento de la antigüedad en el cuerpo de los servicios prestados de todos los funcionarios docentes, interinos y de carrera.

Además, aunque se mantienen los 10 puntos máximos por los méritos académicos, tanto para docentes como para inspectores, se otorga mayor puntuación al título de doctor, se ofrece la posibilidad de computar más de un máster y se añade el apartado de “dominio de idiomas extranjeros” para  valorar aquellos certificados de conocimiento de una lengua extranjera expedidos por entidades acreditadas conforme a  la competencia lingüística en ese idioma y según la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional, la modificación del Real Decreto del concurso de traslados en el ámbito estatal añade la regulación para la participación conjunta de distintos cuerpos docentes a una misma especialidad, del profesorado del cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional con el profesorado del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o del cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, según la especialidad o especialidades de las que se sea titular.

Desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios públicos hemos insistido en la importancia de modernizar este Real Decreto, de tal forma que todos los docentes tengan garantizado su derecho fundamental a la movilidad.  Para ello, hemos exigido que el Ministerio lidere el compromiso de las comunidades autónomas de ofertar todas las vacantes reales existentes y de establecer acuerdos para homogeneizar los criterios de puntuación.

Además, hemos presentado algunas propuestas de modificación al borrador presentado por el Ministerio y que consideramos fundamentales para un mayor reconocimiento y valoración de la función docente en coherencia a los principios de nuestra actual ley educativa.

Algunas de ellas son: 

  • Publicar todas las vacantes con anterioridad a la publicación del concurso de traslados.
  • Baremar todos los servicios prestados en puestos de difícil desempeño, aun habiendo sido ejercidos en distintos centros.
  • Aumentar la puntuación de los puestos de coordinación docente y especialmente, de la función tutorial.
  • Actualizar en base a la adquisición de competencias docentes, las actividades que tengan por objeto el perfeccionamiento sobre los aspectos científicos y didácticos de las especialidades correspondientes (en consonancia con el nuevo Marco Común de Competencias Profesionales Docentes).

Finalmente, y aprovechando el poco margen de convocatoria del Ministerio, hemos reclamado un calendario de reuniones para trabajar otros asuntos prioritarios del personal docente no universitario y de los otros tres grupos que dependen de la Mesa Sectorial: Ceuta y Melilla, Exterior y Derechos Sindicales. Además, hemos trasladado al Ministerio la problemática de los docentes del exterior en el Reino Unido y hemos entregado el escrito remitido por la Junta de Personal Funcionario para que se estudien soluciones.

Estas han sido las principales cuestiones que la UGT planteó en la reunión de ayer y a falta de conclusiones definitivas con relación a la modificación del RD 1364/2010, el Ministerio se ha comprometido a una próxima convocatoria de mesa sectorial para seguir negociando las modificaciones de un segundo borrador, que incorpore las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y las aportadas por las CCAA. 

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