La entrada de Ómicron en el sector de la Dependencia alarma y dificulta la cobertura de las bajas que se producen en las plantillas

Es prioritario reforzar las plantillas y aumentar las ratios de atención directa a los  dependientes para que no se repitan situaciones de caos en el sector de la Dependencia 

Los datos oficiales actualizados por el IMSERSO, a fecha 14 de enero de 2022, para  el sector de las residencias de mayores, arroja una situación de creciente  preocupación por las personas usuarias y el personal que presta sus servicios en  estos centros. La mortalidad confirmada por la nueva variante de COVID-19 de la  semana del 3 al 9 de enero eleva a 80 los fallecidos en estos centros habiéndose  producido 60 de ellos en hospitales y 20 en establecimientos residenciales. Estos  datos junto, con la elevada tasa de contagio que asciende a 7.270 usuarios y más  del doble entre personal que presta sus servicios en estos centros de trabajo, retrotrae a una periodos anteriores que se consideraban superados. Ante esta  situación sanitaria, en UGT Servicios Públicos preocupa mucho la nueva deriva de  los acontecimientos.  

Desde el Sindicato seguimos denunciado la crítica situación que sufren las  trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia que, a sus ya de por sí  precarias condiciones laborales, están sufriendo un alto grado de agotamiento al no  existir personal que quiera trabajar en este sector y por tanto no se cubren las  vacantes generadas por las bajas laborales provocadas por Ómicron. Esta falta de  gerocultoras en el sector provoca que las empresas alarguen los turnos del personal,  no concedan los permisos retribuidos que les correponden a las trabajadoras,  acorten los decansos, etc. Querer solventar una crisis a costa de la salud de las  personas trabajadoras es infame, a ojos de UGT Servicios Públicos. 

Para paliar la situación, el pasado 31 de Diciembre se publicó el Acuerdo del  Consejo Territorial, donde se habilita una excepción para poder contratar a personal  sin titulación en los centros residenciales por la situación de la pandemia derivada de  la COVID-19. Esta excepción en la norma está permitiendo contratar a trabajadores  sin titulación para poder cubrir el elevado número de bajas médicas. Sin embargo,  para la organización sindical lo fundamental es abordar las carencias estructurales  del sector. Desde la secretaría del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia  de UGT Servicios Públicos exige que se tomen medidas concretas para paliar esta  crisis y no revivir el caos que sufrió el sector. Es esencial un mejor Convenio Marco  que redunde en una mejora exponencial de las condiciones de trabajo. Otra de las  cuestiones que se debe abordar es aumentar las ratios de atención directa,  desglosadas por categorías profesionales. 

A modo de ejemplo, desde el Gobierno de Aragón se ha habilitado 2 bolsas de empleo,  una para trabajadoras con titulación y otra para trabajadoras sin titulación, con la finalidad  de derivar trabajadoras a las residencias de gestión privada que necesitan personal por  el aumento de bajas laborales por COVID. En la Comunidad de Madrid también se está  procediendo a contratar personal sin titulación bajo la misma premisa. Actuamente, en  centros de Atención a la Dependencia de Madrid la plantilla está doblando turnos y están  obligados a trabajadar, en la mayoría de los centros, doce días seguidos sin decanso. 

Las Comunidades Autónomas que más han sufrido esta nueva variante Ómicron son la  Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y Castilla-La  Mancha. Entre estas 6 regiones acaparan el 75’51% de los positivos confirmados. En  Andalucía, ésta situación, a fecha 11 de enero y con los datos publicados en el BOJA, se  agrava aún más, ascendiendo a 1.174 casos confirmados del personal que trabaja en las  residencias por los 1.231 positivos recogidos entre los usuarios de estos centros frente a  los 364 y 181 respectivamente, con fecha de 28 de diciembre de 2021. 

 

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UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.