UGT Servicios Públicos avala un Acuerdo que impulse al Gobierno a aprobar el proyecto de Ley de Función Pública, tras meses de intensa negociación. El sindicato dará el visto bueno en la reunión de la Mesa General de la AGE prevista hoy.
El sindicato considera que se han logrado suficientes avances en el seno del grupo de trabajo, constituido gracias a la firma de UGT, CCOO y Gobierno del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, para que esta norma contribuya, realmente, a mejorar las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos.
El Acuerdo que UGT Servicios Públicos respalda, hará posible una nueva Ley de Función Pública de la Administración General del Estado con un enfoque más social, transparente y participativo, que pone en valor el papel clave que tienen las personas en la prestación profesionalizada de los servicios públicos de calidad.
UGT Servicios Públicos ha señalado que el actual texto recoge las mejoras necesarias y cumple las expectativas que tanto los empleados públicos como la ciudadanía tenían depositadas en la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. El anteproyecto de ley que se presenta en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, tras la negociación con la parte social, recoge, expresamente el conjunto de derechos y deberes de las empleadas y empleados públicos con el fin de garantizar su conocimiento y facilitar su ejercicio. En desarrollo de lo previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público, se establece un modelo de evaluación del desempeño basado en la transparencia de los objetivos individuales y colectivos y de los procedimientos, con participación de la parte social en todas sus fases.
La ley supone una apuesta en pro de la dinamización de la carrera profesional. Se establece una carrera horizontal en la progresión de un itinerario de tramos, que permite favorecer las expectativas de trayectoria profesional sin cambio de trabajo. El nuevo modelo de carrera profesional estará estructurado en cuatro tramos, siendo el primero de una duración de cinco años y de seis los restantes.
También se agilizan los plazos en el desarrollo y ejecución de las convocatorias, estableciendo que éstas se publiquen en el mismo año natural que la oferta de empleo público o que finalicen los procesos selectivos con un límite máximo de dos años a computar desde la fecha de publicación de la convocatoria.
La norma armoniza y racionaliza el sistema complementario de retribuciones. La ley establecerá unos niveles mínimos de complemento de destino: fija los tramos de niveles correspondientes a los diferentes grupos y subgrupos del personal funcionario. Este objetivo de armonización presidirá el proceso de racionalización de las diferentes cuantías del complemento específico. Se persigue, por tanto disminuir la desigualdad dentro de propia Administración General del Estado y lograr una mayor simplicidad y transparencia.
Aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, se iniciará la negociación, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, de un plan de implantación de la jornada de 35 horas.
La igualdad entre mujeres y hombres seguirá siendo un elemento central en las políticas de personal en la Administración del Estado, conteniendo la nueva ley un refuerzo de medidas que garantizan la no discriminación entre mujeres y hombres y el fomento de la perspectiva de género con carácter transversal.
