La nueva legislación obligará a las empresas con más de 100 empleados a informar sobre su brecha salarial y basar su remuneración en criterios que no hagan diferencias de género.
Las normas también incluyen la discriminación interseccional y los derechos de las personas no binarias.
Los Estados miembros tendrán que establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para los usuarios que infrinjan las normas.
Las personas trabajadoras que hayan sufrido daños como resultado de una infracción tendrán derecho a pedir una indemnización. La carga de la prueba en cuestiones de remuneración pasará de la persona trabajadora a la empleadora.
La normativa española en materia de igualdad retributiva es una de las más avanzadas de la Unión Europea y ha sido fruto del Diálogo Social. El problema de la norma española es la falta de sanciones disuasorias para los empresarios que incumplen en materia de igualdad salarial. La futura Directiva de Transparencia Salarial no resolverá este problema.
Las presiones de UGT al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea han logrado que esta norma europea vea la luz.
