El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, en un primer análisis del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, valora el incremento del 10,72% en la partida de Educación con respecto a la de 2021 y que casi el 67% de este presupuesto tenga como destino el programa de becas y ayudas al estudio de carácter general. Esta cantidad supone un aumento de 99,25 millones de euros con respecto al 2021, es decir, un 4,84% más.
También es muy importante reseñar la partida que, a cargo de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, se le ha asignado al Ministerio de Educación y que asciende a 1.604,20 millones de euros. Esta partida tiene como objetivo reforzar la equidad, la digitalización y la Formación Profesional, considerados ejes prioritarios.
Sin embargo, la financiación prevista para la formación del profesorado y la educación compensatoria son claramente insuficientes. Agrava la situación si tenemos en cuenta la creciente incertidumbre en la que el profesorado está inmerso debido a la situación generada por la pandemia y la necesidad de impartir docencia en distintas modalidades (presencial, semipresencial o a distancia).
El proyecto de PGE refleja un aumento de las retribuciones del 2%, una cantidad que a juicio de UGT resulta insuficiente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del personal docente y no docente de la enseñanza pública no universitaria y universitaria, más aún cuando los índices de inflación están empezando a incrementarse.
El aumento global que se prevé en las retribuciones del profesorado para el 2022, junto con el incremento llevado a cabo a partir de 2018, fruto del Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, son pequeños pasos con los que impedir nuevas pérdidas en el poder adquisitivo de los docentes, por lo que esperamos subidas más importantes para revertir las pérdidas acumuladas en los últimos 10 años.
Para nuestro sindicato, la restitución de los derechos suprimidos a lo largo de estos años debe significar la restauración del 100% del importe de las pagas extras reducidas en mayo de 2010 o subidas salariales reales que, además del poder adquisitivo perdido, permitan la recuperación de las condiciones salariales y laborales, como, por ejemplo, el abono de cantidades por otros desempeños docentes, la adecuada formación permanente, la revisión de la carga lectiva o de las ratios, entre otras medidas.
Al ser considerado un servicio prioritario, los Presupuestos reflejan la autorización de una tasa de reposición de efectivos del 120%. Sin embargo, UGT estima que no debe ponerse límite a la reposición de efectivos, sino que se deben cubrir las necesidades reales de las plantillas, sean las que sean, tanto en la enseñanza no universitaria como en la universitaria, por lo que la tasa de reposición de efectivos debería desaparecer.
Respecto a los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, se observa un descenso de un 9,69% en relación al año 2021, descenso que va a continuar en 2023, el último año de recepción de estas partidas en Educación, que desaparecerán en 2024.
Desde UGT entendemos que, para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo ha de ser continuado, y por ello defendemos una financiación con un suelo mínimo de inversión pública a fin de garantizar los servicios educativos esenciales, más allá de aportaciones extraordinarias como las procedentes de los fondos europeos.
UGT es consciente de la situación de nuestro país y de la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, pero la inversión en educación debe quedar fuera de contextos de restricción presupuestaria, para así situarnos en el ámbito internacional educativo que nos corresponde.
El Gobierno tiene en sus manos revertir esta situación acercando el PIB en educación a la media europea (5%), tal como se ha comprometido en la nueva ley educativa, la LOMLOE, que fija su incremento hasta un mínimo del 5% del PIB. De todos modos, UGT considera esta cifra insuficiente, ya que debería aumentar paulatinamente hasta el 7% y no situarse por debajo de la media de la UE.
Siguiendo las directrices de la Unión Europea y de la Internacional de la Educación, que recomiendan dejar la Educación al margen de los ajustes presupuestarios, reclamamos a los Gobiernos su priorización como inversión de futuro, ya que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, además de constituir un elemento clave para la consecución de los objetivos fijados en la Agenda 2030.
Respecto al ámbito universitario, UGT valora el esfuerzo presupuestario realizado, aunque todavía es insuficiente para poder reducir las altas tasas de precariedad y lograr la progresiva estabilización de los trabajadores de la Universidad.
Los proyectos legislativos que afectan a la Universidad, como la reforma de la ordenación de grados, la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario, las homologaciones de centros, títulos, títulos extranjeros, etc., y la prometida elaboración del Estatuto del PDI, necesitan estar dotados presupuestariamente para su desarrollo.
Por eso, continuaremos solicitando al Gobierno que se sigan incrementando las partidas presupuestarias para el sistema universitario público español, con el objetivo de acercarlas a los países de nuestro entorno.
