La patronal empleó la reunión celebrada el 23 de noviembre para dejar claras sus intenciones para un sector tan esencial durante la pandemia, y no son otras que aprovechar el momento para bajar el porcentaje del coste salarial en sus empresas y cooperativas asociadas, sólo está dispuesta a un incremento del 1,5% para este 2021, estando muy por debajo del IPC que ya en octubre alcanza el 5,4%, es decir, como reconocimiento al trabajo de sus plantillas proponen una fuerte devaluación de sus salarios, en un sector mayoritariamente con beneficios.
Ante esta propuesta, UGT- Servicios Públicos dejo bien claro ante la patronal que era inaceptable y de una escasa responsabilidad social pretender seguir manteniendo sus beneficios, inversiones empresariales millonarias y niveles salariales de sus direcciones, teniendo como únicas sacrificadas a las plantillas de sus empresas mediante el empobrecimiento de sus salarios.
En un intento de acuerdo, la parte social unificó una propuesta más que razonable y asequible para el sector, proponiendo lo siguiente:
- Firmar un convenio a 3 años.
- Incremento salarial del 2,5% con cláusula de revisión al IPC, pudiendo diferir la diferencia, asegurando el incremento de la inflación, y actualizando las tablas salariales al IPC los años siguientes.
- En todo caso, al finalizar los 3 años de vigencia, se garantizaría el poder adquisitivo de los salarios y se aplicará un incremento del 1% por encima del IPC.
Además de esto, la parte social pone en la mesa la inclusión en este convenio de la ampliación del permiso por hospitalización a 3 días y una reducción de la jornada anual.
La próxima reunión se emplaza para el 21 de diciembre, tiempo para iniciar un proceso de consultas y asambleas, con un 2022 marcado por lo que parece inevitable ante esta actitud de la patronal, las movilizaciones.
