El Gobierno Vasco niega el contrato relevo al personal laboral de Osakidetza

UGT denuncia la negativa del Gobierno Vasco a aplicar el contrato relevo para el año 2024 en Osakidetza, afectando a un número importante del personal laboral de la plantilla. Esta medida, que ya se ha firmado y aplicado sin problemas en los últimos cinco años, permitiría la jubilación parcial y la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario vasco.

UGT ha mostrado su total disconformidad con la postura del Gobierno Vasco, que exige la firma de la mayoría sindical para aplicar el contrato de relevo. Lamentamos profundamente la cerrazón del resto de sindicatos a la hora de firmar este acuerdo, sacrificando el derecho al contrato de relevo de los trabajadores de Osakidetza. Desde UGT, consideramos injustificable e incomprensible la postura del Gobierno Vasco y de los demás sindicatos. El contrato de relevo es una herramienta fundamental para garantizar la renovación generacional en Osakidetza y mantener la calidad del servicio sanitario.

UGT Zerbitzu Publikoak exige al Gobierno Vasco y al resto de sindicatos que reconsideren su posición y permitan la firma de un acuerdo para la aplicación del contrato de relevo de manera inmediata. El sindicato defiende el derecho de los trabajadores de Osakidetza a acceder a la jubilación parcial en condiciones dignas, así como la necesidad de asegurar la correcta cobertura de las necesidades asistenciales de la población vasca.

La negativa del Gobierno Vasco a aplicar el contrato de relevo pone de manifiesto una vez más la falta de voluntad negociadora por parte del ejecutivo, así como su desprecio por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza.

UGTtik Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu bere betebeharrak bete ditzala eta Osakidetzaren etorkizuna berma dezala.

Desde UGT exigimos al Gobierno Vasco que cumpla con sus obligaciones y garantice el futuro de Osakidetza.

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UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.