Hace unos días anunciaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el Gobierno está trabajando para convertir en permanente del Pacto de Estado contra la violencia de género y su financiación. Nos parece excelente la idea, pero hay que reconocer que desde que se firmó, en 2017, el pacto no ha conseguido poner freno a este drama y las víctimas se han seguido sucediendo. Hoy mismo, cuando escribo este artículo, se acaba de conocer que hay una nueva víctima en Alovera, en Guadalajara, y deseo no se produzca ninguna más.
Desde 2003, fecha en que se empezaron a contabilizar oficialmente los asesinatos por violencia machista, hasta el día de hoy, 1.092 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Aquellas 200 medidas y 1.000 millones de euros que fueron objeto del Pacto han sido insuficientes para parar esta lacra que se ceba en las personas más desfavorecidas y que crece y tiene su cobijo en el terreno de la invisibilidad.
También está aumentando de forma exponencial en el mundo rural, en poblaciones más pequeñas. Fademur, nuestra Federación de Mujeres Rurales, ha advertido de que han crecido un 50% los asesinatos de mujeres por violencia machista: siete de las 14 mujeres asesinadas por este motivo, en lo que llevamos de año, procedían de municipios de menos de 20.000 habitantes.
Está claro que algo falla. No basta con dar estabilidad o permanencia al Pacto de Estado –que ya nació cojo porque no contenía medidas para el ámbito laboral– sino que debe aumentar su eficacia. Y para ello es muy importante detectar qué es lo que no está funcionando y dónde se debe hacer hincapié.
Es imprescindible también endurecer las penas y resarcir de forma adecuada a las víctimas, pero también allanar el camino que hace difícil la denuncia y la prueba en la vía jurisdiccional.
Está claro que la lucha contra la violencia machista requiere de más recursos y servicios para prevenir estas situaciones, a la par que realizar una atención integral efectiva que garantice que las mujeres puedan vivir en libertad y ejercer de forma plena sus derechos. Para ello es fundamental dignificar y reforzar los servicios que atienden, informan y protegen a las víctimas de violencia machista para conjugar calidad de empleo, calidad del servicio.
Desde nuestro punto de vista, no hay que olvidar el plano laboral. Es necesario revisar las políticas públicas para fomentar el empleo de calidad e inserción de las mujeres víctimas de violencia de género, de forma que garanticen salarios dignos que permitan a las mujeres víctimas o posibles víctimas una independencia económica.
Y por eso es fundamental acelerar la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, que tiene una trascendencia fundamental para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No hay que olvidar que más de 800 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia y hostigamiento, desde agresiones físicas hasta abusos verbales e intimidación en el trabajo. Así como la aplicación efectiva del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011, el conocido como Convenio de Estambul.
Desde luego esta situación no va a parar si no se pone voluntad política y se redoblan los esfuerzos para eliminar la discriminación y la desigualdad de género en todos los ámbitos, incluido el laboral. Necesitamos políticas públicas dotadas de recursos económicos y humanos, permanentes y eficaces.
