A fecha 27 de abril, se reúne en la sede de la patronal FEDIFAR la mesa del convenio nacional. Después de 15 meses de negociación, donde la patronal siempre se ha anclado en situaciones económicas pasadas para no aceptar las propuestas sindicales adaptadas a la realidad inflacionista, esta vez, tampoco ha habido sorpresas. La patronal sigue en el pasado defendiendo su propuesta de firma anterior a la guerra de Ucrania, y ha rechazado de plano la propuesta sindical para la firma de un convenio digno.
Nuestra propuesta sindical está en línea con las planteadas en la negociación del AENC por UGT para recuperar el poder adquisitivo en un período de 3 años, y es:
- Incrementos salariales del 4%, 4%, y 4% para los años 2021, 2022, y 2023 de vigencia del convenio, con un IPC topado del 14,70% para la suma de los 3 años, dando seguridad a las empresas y cooperativas ante la inflación.
- Cobro de los atrasos devengados.
- A esta propuesta salarial, habría que añadir los textos ya acordados con la patronal, la reducción de 8 horas de la jornada anual durante la vigencia del convenio, y la actualización a 3 días por permiso en el caso de ingreso hospitalario.
Desde la patronal del sector, se pone en duda asumir incluso las subidas salariales que puedan firmarse a nivel nacional por la CEOE en el acuerdo del AENC, en negociación con los sindicatos.
A pesar de ser un sector regulado, poco abierto a la competencia, y con las empresas que aglutinan la mayoría de las plantillas saneadas y con beneficios, su patronal considera muy alejada de la realidad y poco razonable que para el 2021 con un IPC del 6,5% se pida un 4% de incremento salarial, lo mismo para el 2022, cuando la inflación prevista es del 7,5% según el Banco de España.
Resumiendo, la patronal da a entender que los costes de la inflación los deben pagar cada trabajador y trabajadora del sector en sus nóminas, empobrecimiento a sus familias.
El prestigio alcanzado por el sector durante la pandemia, choca con la baja valoración que dan las empresas y cooperativas a sus trabajadores y trabajadoras, como reflejan sus incrementos propuestos en torno al 2%. No hay responsabilidad social corporativa, en un Convenio dónde el salario mínimo del grupo IV, ya se está acercando al mínimo legal.
Lamentablemente, el proceso de negociación ha finalizado, al no existir voluntad patronal de avanzar. Ante esta situación, solo queda la movilización. Para UGT Servicios Públicos, un modelo de sector que no retribuye a sus plantillas acorde a los beneficios de sus empresas, no puede mantenerse como viable.
El próximo 5 de mayo, UGT Servicios Públicos y el resto de sindicatos presentes en la mesa negociadora nos reuniremos para analizar y acordar las medidas de presión, movilizaciones, campañas políticas y mediáticas, y todas las herramientas a nuestro alcance para que las personas trabajadoras del sector no se empobrezcan, sabedores que padeceremos la presión empresarial, pero el derecho a huelga, el derecho a oponerse a las pretensiones patronales, es un derecho amparado por la Constitución española..
