En el día de hoy, se han dirigido a los Ministerios de Trabajo y Función Pública, para que, desde ambos, se dé solución urgente al grave problema de plantillas
La dotación de personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) resulta insuficiente para el ejercicio ordinario de sus funciones. En los últimos años, existe un problema permanente de falta de personal que hace necesario el aumento de la plantilla.
Según la última información disponible del organismo, la plantilla que presta sus servicios en el SEPE ha pasado de 8.224 efectivos a fecha 1 de enero de 2019 a 7.380 a fecha 1 de enero de 2025 (hoy ya son menos debido a la elevada edad media del colectivo y el proceso continuo de salidas por jubilación).
En cuanto a las oficinas de tramitación de prestaciones, 238 de las 712 oficinas de prestaciones tienen entre 0 y 3 personas efectivas, es decir, un 33,43% de las oficinas tienen 3 personas efectivas o menos, habiendo 11 oficinas que no cuentan con ninguna persona efectiva.
Las repercusiones de esta carencia de plantilla en la prestación de servicios a la ciudadanía, nos conduce, a demandar la incorporación urgente de nuevo personal funcionario en el Organismo, a través de las correspondientes ofertas públicas de empleo, a la mayor brevedad posible.
Dado que estos procesos llevan su tiempo, es absolutamente imprescindible que se autorice la incorporación inmediata de personal funcionario interino de vacante hasta que se cubran las plazas de forma definitiva, no cesando ninguna persona incorporada con esta modalidad de funcionario interino, en tanto no haya toma de posesión efectiva.
Es necesario tomar las medidas que permitan afrontar la gestión del SEPE con las condiciones adecuadas para sus trabajadores y para las personas a las que prestan sus servicios y sentar unas bases sólidas para los próximos años.
Queremos mostrar nuestro apoyo a las personas que trabajan en el SEPE, al tiempo que exigimos medidas para corregir esta situación, para lo que nos hemos dirigido en el día de hoy a los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de un lado, y al Ministerio de Función Pública y Transición Digital, de otro, para demandar que se adopten las medidas oportunas al respecto a la mayor brevedad posible.
