El Ministerio de Función Pública ha garantizado en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, celebrada hoy, el abono de la subida salarial del 4,5 % previsto para 2027 para los empleados públicos. UGT Servicios Públicos considera que esa aprobación debe producirse antes del 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a la celebración de las elecciones generales del día 29.
En la reunión con las organizaciones sindicales, el Gobierno se ha comprometido a ese incremento salarial pactado en el acuerdo firmado el año pasado. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, se ha congratulado por esa confirmación, pero ha reclamado que se fije una fecha para la aprobación de la subida salarial prevista para 2027.
Araque ha recordado que el acuerdo suscrito por UGT con el Ministerio de Función Pública está «cerrado y pactado en todos sus puntos desde noviembre de 2025». Asimismo, ha señalado que el Congreso de los Diputados aprobó sin dificultades la subida salarial correspondiente a 2025, un ejercicio que podía entrañar una mayor complejidad debido al carácter retroactivo de la medida.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos había subrayado recientemente que tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, cuentan con los mecanismos legales y legislativos necesarios para hacer efectivo el incremento salarial y pidió que actuasen lo antes posible. Además, ha recordado que, cuando el INE publique las cifras definitivas del IPC, deberá abonarse también el medio punto adicional previsto en el acuerdo y avalado por el Real Decreto Ley 14/2025.
La responsable sindical ha añadido, asimismo, que aún hay margen para culminar algunas materias pendientes en el acuerdo ya cerrado, como es la revisión de los complementos de residencia e insularidad. En junio se alcanzó un pacto para actualizar las indemnizaciones vinculadas a estos complementos para aproximadamente 11.200 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) destinados en Baleares. Además, se acordó que antes de diciembre se concretarían las indemnizaciones correspondientes a Ceuta, Melilla, Canarias y el Valle de Arán.
UGT Servicios Públicos subraya que estas medidas son inaplazables para garantizar la cobertura de las plantillas y la prestación de unos servicios públicos adecuados en estos territorios. Por ello, reclama que se complete el proceso y se establezca un marco estable y objetivo que proteja estos complementos frente a la discrecionalidad de los distintos gobiernos y asegure criterios claros para su aplicación.
