Aún queda margen en la negociación para seguir mejorando aspectos del texto propuesto y alcanzar la mejor norma posible para reducir la tasa de temporalidad, evitar nuevas bolsas de precaridad y despejar la incertidumbre en la que viven actualmente cientos de miles de interinos.
UGT ha pedido que se incorpore una cláusula social que dé la posibilidad de reubicar a aquellas personas que no hayan podido regularizar su situacion a través de los procesos de estabilización.
UGT Servicios Públicos ha señalado que la última propuesta del Ministerio de Función Pública incluye varias de las propuestas del sindicato para lograr un texto que permita solucionar el problema de la interinidad en las Administraciones Públicas.
El texto, avanzado por el Gobierno en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Temporalidad de la Mesa General de Negociación celebrada hoy, aborda la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del empleado Público para atajar el problema de la temporalidad generado por la actuación irregular de muchas administraciones y evitar que vuelva a reproducirse. Hay que recordar que actualmente la tasa de precariedad se sitúa en un 30% y mantiene a cientos de miles de personas en situación de abuso en la contratación.
Para evitar nuevas bolsas de precariedad en las Administraciones, el artículo reformado tipifica las formas contratación temporal y define cuándo se produce una situación de abuso. También estipula plazos temporales concretos para sacar las plazas a oferta: deberán convocarse durante el mismo año o al año siguiente al que fue contratado el interino. En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones de tipo disciplinario o patrimonial, entre otras.
La propuesta, que el Ministerio se ha comprometido a remitir por escrito antes de la próxima reunión del grupo de trabajo de interinos fechada para el jueves, 24 de junio, incluye otros elementos esenciales para evitar que vuelvan a crearse situaciones de abuso, como indemnizaciones por despido improcedente, que podrán percibir aquellos internios que estén más de tres años en situación de interinidad a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa. Las indemnizaciones estarían en 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades.
