La sección de Ambulancias de UGT Zerbitzu Publikoak quiere arrojar luz sobre las «sombras» generadas tras la reciente comparecencia en el Parlamento Vasco de la Viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo. El sindicato denuncia que el servicio de transporte sanitario de Osakidetza, actualmente privatizado, se ha convertido en el sector que más incumplimientos genera ante la Inspección de Trabajo.
Frente a los intentos de la Viceconsejera de minimizar los datos, UGT destaca que las empresas del sector —especialmente la actual UTE Bizkanb (Alsa, Transinsa y Ambulancias Baztan Bidasoa)— incumplen el 24% de los requerimientos de la Inspección. Esta cifra es alarmante si se compara con el 10% de media en el resto de empresas.
«Es inaceptable que se intente justificar esta situación comparándola con la industria o la construcción», señalan desde el sindicato. «A diferencia de esos sectores, el transporte sanitario es un servicio financiado con dinero público donde el Gobierno Vasco tiene la responsabilidad directa de velar por el cumplimiento de la ley».
Para UGT, la estrategia de privatización del PNV y PSE solo ha traído consigo una precariedad laboral con daños físicos y mentales irreparables para las plantillas (como “burnout” y lesiones por manipulación de cargas) y un deterioro del servicio al paciente. El sindicato recuerda el nefasto historial de adjudicatarias:
Ambulancias Bizkaia: Expulsada de los concursos.
Larrialdiak: Dejó deudas en las arcas públicas y en los salarios.
La Pau: Expulsada recientemente tras innumerables irregularidades.
UGT Zerbitzu Publikoak desmiente rotundamente las afirmaciones de la Viceconsejera sobre la ausencia de denuncias pendientes. El sindicato tiene más de una docena de denuncias a la espera de contestación por parte del servicio público adscrito al departamento de Economía, Trabajo y Empleo.
Asimismo, califican de «falta de respeto a la realidad» las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PNV, quien tildó el último cambio de adjudicataria de «ordenado». UGT recuerda que todavía se adeudan más de 3 millones de euros en salarios a los trabajadores y trabajadoras.
Ante la negativa del Gobierno Vasco a publificar el servicio, UGT Anbulantziak ha remitido diversos escritos al Departamento de Salud con propuestas concretas para los nuevos pliegos de condiciones:
Garantías en seguridad y salud: Mejora en la manipulación de cargas y tiempos de descanso y comida.
Medios mecánicos: Implementación de tecnología que facilite la autonomía del paciente y mejore su traslado.
Vigilancia estricta: Que la Inspección de Trabajo actúe de oficio ante los reiterados incumplimientos y obstrucciones a la labor inspectora (que se han producido hasta en 10 ocasiones).
«Exigimos al Departamento de Trabajo que proteja los derechos de quienes cuidan de la salud de la ciudadanía y al Departamento de Salud que ponga fin a un modelo de privatización que solo engorda los beneficios privados a costa de la precariedad laboral», concluye el sindicato.
