+ Protección para las víctimas + Servicios Públicos + Derechos laborales: 12 propuestas para erradicar las violencias machistas
Para UGT Servicios Públicos la violencia de género es una lacra social cuya erradicación debe ser una prioridad para el conjunto de la sociedad. El derecho a vivir una vida sin violencia requiere de la implicación de todos los agentes sociales.
Gracias a la movilización y denuncia impulsada por el movimiento feminista, organizaciones sociales, sindicales y políticas, las instituciones han promovido diferentes legislaciones, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de erradicar la violencia de género. Cabe destacar la pionera aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, unida al “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” (2017), como la ratificación de legislación internacional, concretamente el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” (Convenio de Estambul- 2014), así como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW-1983). Se ha mostrado así el compromiso institucional para generar marcos legislativos que posibiliten impulsar acciones para el avance hacía una sociedad sin violencia.
Para la efectividad de dichos marcos jurídicos, el compromiso de las instituciones debe traducirse en un sistema de actuación y coordinación integral que se haga efectivo a través de la dotación de recursos, de instituciones con capacidad de impulsar, coordinar y diseñar políticas públicas, de la sensibilización, información y formación del conjunto de agentes implicados y de la evaluación de las respuestas diseñadas para poner fin a la violencia.
Para UGT Servicios Públicos es fundamental garantizar respuestas eficaces y de calidad a las mujeres que sufren violencia de género y acuden a los servicios públicos en busca de recursos para salir de dicha situación.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde y UGT Servicios Públicos queremos poner el foco y exigir:
- Mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, así como asegurar su continuidad con carácter permanente, más allá de su fecha de finalización en septiembre de 2022, como política gubernamental básica en la lucha contra la violencia machista.
- La realización de campañas de sensibilización, información y prevención educativas dirigidas al conjunto de la sociedad para la identificación, tratamiento y reparación de todas las formas de violencia machista, de modo que se posibilite la eliminación de los principios y creencias que la perpetúan.
- La superación del modelo de intervención asistencial existente, fomentando la autonomía, a todos los niveles (personal, económico, social) de las mujeres víctimas de violencia machista, mediante la mejora de las medidas diseñadas, así como de los recursos destinados a acabar con la violencia machista.
- La necesidad de fortalecer los recursos destinados a la atención a las víctimas de violencia machista. Así es necesario también reforzar los mecanismos de coordinación de la red de servicios multinivel (estatal, autonómico y local), existentes, de modo que la atención a las mujeres que sufren violencia de género tenga el carácter integral que necesitan.
- El aumento de los recursos públicos para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género, garantizando el acceso a recursos especializados.
- El empleo es esencial e imprescindible para prevenir y combatir la violencia de género. Es necesario mejorar y lograr la inserción laboral y un empleo de calidad para las víctimas de violencia de género.
- Los centros de trabajo deben ser lugares seguros y libres de violencia siendo fundamental introducir en la negociación colectiva, así como en los planes de igualdad, garantías de protección laboral para las víctimas de violencia de género, que vayan desde el desarrollo de protocolos a la implementación de medidas tales como: apoyo psicológico, médico y jurídico especializado, así como facilitar permisos retribuidos que eviten una merma económica.
- Sensibilizar y formar contra la discriminación y las violencias machistas a través de formación específica para quienes negocian convenios colectivos y planes de igualdad, tanto en el ámbito sindical como empresarial.
- Los servicios públicos destinados a erradicar la violencia de género deben ser de prestación directa por parte de la administración de modo que se posibiliten las mejores respuestas de intervención y actuación ante esta lacra. Si bien, ante la externalización de estos servicios, no debe permitirse la precarización de las condiciones laborales, debiendo garantizarse condiciones dignas y adecuadas a la labor cualificada desempeñada.
- Especialización de los agentes privados y del tercer sector, que participan, junto con la Administración, en la red de servicios de atención a las víctimas de violencia machista, de forma que estén alineados con las políticas públicas en materia de igualdad garantizando la calidad de los servicios.
- Los pliegos de condiciones que rigen los contratos públicos de los recursos de atención a la violencia de género deben disponer de cláusulas que combatan la precariedad laboral, temporalidad y rotación del personal. Además de encuadrar los puestos de trabajo como trabajo cualificado, y no en categorías laborales no cualificadas, como ocurren actualmente lo cual supone una merma en la calidad del servicio prestado.
- Mejorar la difusión de medidas, derechos y servicios dirigidos a las víctimas de violencia de género, que se han puesto en marcha en el marco del
desarrollo de medidas de protección integral, mediante la formación e información de las trabajadoras y trabajadores en los servicios públicos implicados en la respuesta a la violencia de género.
UGT Servicios Públicos consideramos que la acción sindical, la formación y la sensibilización para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es fundamental, tanto en el ámbito laboral como en la sociedad en general. Nuestro compromiso es claro para conseguir, día a día, transformar nuestro ámbito de acción en lugares seguros y libres de violencia y para ello colaboraremos con todos los agentes sociales implicados.
