Se estima que el radón es el causante de en torno a 1.500 muertes al año en España
En el Día Europeo del Radón, UGT denuncia que, en nuestro país, a día de hoy, no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico nacional, la parte relacionada con la protección de la salud, incluyendo la salud laboral, de la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.
El sindicato recuerda que el plazo para la transposición finalizó el 6 de febrero de 2018, que la Comisión Europea expedientó a España, junto a otros Estados miembro, a finales de 2019 por los continuos retrasos y emplazó a nuestro país efectuar la transposición en dos meses, algo que aún no ha sucedido.
UGT recuerda que el límite de exposición al radón que establece la Directiva Europea es de 300 Bq/m3, valor que ofrece mayor protección que el recogido por el Real Decreto 783/2001, vigente en España, que establece un límite de 600 Bq/m3 e insiste en que nuestro país aún no dispone de un Plan Nacional frente al radón a partir del cual se pueda establecer una planificación de actuación efectiva que minimice el impacto de este gas en la población, como así se recoge en la Directiva Europea pendiente de trasposición.
Este Plan debería establecer la obligación de hacer mediciones en los puestos de trabajo, al efecto de evaluar la exposición de los trabajadores y trabajadoras al mismo y poder adoptar las medidas preventivas necesarias. No llevar a cabo estas mediciones provoca que, muchos casos de cáncer de origen laboral, causados por la exposición al radón, no sean identificados como contingencia profesional.
Por ello UGT insta al Gobierno a que trasponga de una vez por todas, la mencionada Directiva, y adopte políticas preventivas que protejan y garanticen el derecho a la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país como reducir 200 Bq/m³ el nivel de exposición para los lugares de trabajo, como han hecho países como Irlanda, Canadá o EEUU o reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permitiéndola hacer requerimientos y sancionar a las empresas que no cumplan con las disposiciones en materia de seguridad y salud respecto de las exposiciones al gas radón. En definitiva, a garantizar el derecho a la salud en el trabajo y entornos de trabajos seguros y saludables.
