UGT Servicios Públicos ha rechazado la propuesta del Gobierno de subir el salario de los empleados públicos un 2% en 2022. Esta cifra sumirían a los empleados públicos en una nueva pérdida de poder adquisitivo, que se sumaría a la que han experimentado en 2021. En el mes de septiembre el IPC interanual se disparó hasta el 4%, mientras que se limitó a un 0,9% la subida.
A la salida de la Reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas que se ha celebrado esta manaña, Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha denunciado: “las empleadas y los empleados públicos no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo y un 2% nos condenaría un año más a sufrir mermas en nuestra capacidad de compra”.
La responsable sindical ha señalado que desde UGT creen que “el Gobierno debe reconocer, como lo ha hecho la ciudadanía, el papel esencial que desempeñamos las empleadas y empleados públicos, más aún cuando las previsiones de alza del PIB para 2022 son más que halagüeñas, sobre el 5,9%”.
UGT Servicios Públicos ha afeado las formas en las que el Gobierno ha realizado esta convocatoria, con urgencia y sin dar la oportunidad de negociar realmente. En este sentido, han lamentado que el Ejecutivo haya desperdiciado la oportunidad de hablar y, tal vez, llegar a acuerdos sobre cuestiones fundamentales para avanzar en la modernización de los servicios públicos para convertirlos en los que la sociedad demanda.
Aunque mantiene su reivindicación de eliminar la tasa de reposición de efectivos, el sindicato ha valorado positivamente que el Gobierno haya dado un primer paso para abordar el problema del empleo en las Administraciones. La Ley General de Presupuestos elevará la tasa una tasa de reposición ordinaria al 110% y al 120% en sectores prioritarios, lo que permitirá la creación de empleo público neto. UGT Servicios Públicos, no obstante, ha vuelto a pedir un plan integral de recursos humanos, que vaya más allá de fijar una tasa anual de reposición. Es hora de dar una solución al problema del envejecimiento de las plantillas y de contemplar medidas como la jubilación parcial. En opinión de la organización sindical, solo con una política de empleo público valiente se atajará la desproporcionada temporalidad y se avanzará hacia los servicios públicos que la ciudadanía precisa.
