Las empresas no cumplen el convenio, por ello el sindicato exige al diputado foral de Políticas Sociales, que les retengan los abonos para actualizar los salarios de las trabajadoras.
El sector de Dependencia de UGT-Euskadi ha denunciado el incumplimiento de convenio en cuanto a la subida salarial por parte de las empresas que gestionan las residencias de Álava, mediante carta al diputado foral de Políticas Sociales de Álava, Emilio Sola, a quien reclaman su implicación y que retenga los abonos económicos de la Administración pública a aquellas empresas que no actualicen los salarios al IPC.
Unas 1.200 trabajadoras, que prestan su trabajo en cerca de un centenar de empresas alavesas de Residencias de la Tercera Edad se ven afectadas por esta situación al tener sus condiciones laborales de acuerdo al “VII Convenio Marco estatal de Servicios de Atención a Personas Dependientes y Desarrollo de Promoción de la Autonomía Personal”, en el que establece en su artículo 8 que “se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el Índice de Precios al Consumo (IPC) real del año anterior”.
Marili Granado, responsable de Dependencia de UGT-Euskadi, advierte que “la cláusula de revisión salarial opera automáticamente, al encontrarse el convenio en ultraactividad, máxime si se tiene en cuenta que el PIB, al que está condicionado, ascendió al 5% en 2021”.
La representante de UGT-Euskadi recuerda que nos encontramos en un sector altamente feminizado y privatizado, pero que presta el servicio de conformidad con las Administraciones Públicas, en concertación de plazas y licitaciones públicas. “A pesar de que desde la Diputación alavesa se están destinando importantes partidas económicas para financiar la dependencia, el empleo en este sector ha pasado a convertirse en un empleo precario y feminizado”.
A pesar de las reclamaciones de UGT a las patronales del incremento del 6,5% del IPC de 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las patronales del sector ‘niegan la mayor’ y “ni siguiera reconocen los propios datos del INE, perdiéndose en excusas imprecisas y confusas para negarse a actualizar la nómina. Es por eso que hemos iniciado en los territorios afectados esta reclamación, a través de las distintas diputaciones”, advierte Marili Granado.
