UGT Servicios Públicos exhorta al Ministerio de Sanidad y a la consejería de Sanidad a negociar la solución al problema de la temporalidad en el sector sanitario

La secretaría de Salud, Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos  ha solicitado formalmente, mediante una carta dirigida hoy al Ministerio de  Sanidad, la convocatoria oficial para iniciar la negociación que permita adaptar el  Estatuto Marco del Personal Estatutario a la modificación experimentada por el  Real Decreto Legislativo del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP),  derivada de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la  temporalidad en el empleo público. Esta ley, que entró en vigor el pasado 30 de  diciembre, establece los mecanismos para impedir que se generen nuevas bolsas  de temporalidad y se estabilice el empleo temporal existente en la actualidad. 

La organización sindical considera esencial abrir urgentemente la negociación en el  sector sanitario pues algo más de cinco meses -hasta el 8 de julio de 2022- es lo  que resta para adaptar la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario,  a la modificación experimentada por TREBEP, derivada de la mencionada Ley  20/2021, en caso contrario, se aplicaría directamente el TREBEP, algo  contraproducente, dado que el personal estatutario cuenta con su propia normativa  específica. La nueva regulación, de los artículos 10, 11 y Disposición adicional 17ª  del EBEP, debe trasladarse al Estatuto Marco,fundamentalmente mediante la  modificación de sus artículos 9 (poniendo el foco en el artículo 9.3 para analizar la  “figura del eventual” la que sin duda, con su actual configuración, más  irregularidades permite, al incumplirse la Directiva 1999/70/CE, una de las  causantes de las altas tasas de temporalidad y precariedad laboral) y 33; lo que  requiere de la elaboración de una iniciativa legislativa (y su correspondiente  tramitación parlamentaria) para llevarlas a cabo. Sin embargo, a fecha de hoy, a  pesar de la insistencia de UGT, el Grupo de Trabajo de Temporalidad se ha  reunido en un par de ocasiones a título meramente protocolario, sin avance alguno  (la última tuvo lugar el 11 de noviembre de 2021). 

UGT Servicios Públicos considera que es momento de decir ¡basta!, pues el  problema de la temporalidad y precariedad de los profesionales de la sanidad  pública no admiten más demora. Si a ello le sumamos la presión judicial (tanto  europea como española) y la escasa ejecución de los procesos de estabilización  de 2017 y 2018, sólo es posible llegar a una conclusión: ¡Urge la convocatoria del  Grupo de trabajo!, con el perfil de seriedad que merece, y propuestas concretas y  rigurosas por parte del Ministerio de Sanidad (aún no ha presentado ninguna) que  sirvan de base para la negociación y, esperemos, un posible Acuerdo. 

Una norma que precisa de una revisión normativa más profunda que trascienda de  los aspectos vinculados a la temporalidad (limitación máxima de nombramientos,  causalización, motivos de cese, medidas preventivas y penalizadoras, etc.),  aspiración de UGT Servicios Públicos a medio plazo, para actualizar y modernizar  unos contenidos que respondan a las expectativas socioeconómicas y  profesionales del personal estatutario. 

Complementariamente, vamos a exigir la convocatoria de todos los ámbitos de  negociación sectoriales, para negociar y, si es posible, acordar el desarrollo y  ejecución de los procesos de estabilización que también regula la Ley 20/2021, no  en vano el EBEP (art. 37) y la propia Ley, conmina a los Sindicatos a dicha  negociación. Por ello, UGT Servicios Públicos va a continuar siendo parte de la  solución al problema de la temporalidad. 

Así es, tanto en el proceso que se va a canalizar por un concurso-oposición  (ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años  anteriores al 31/12/2020) como en el que va a trascurrir mediante un concurso de  méritos (excepcional y por una sola vez, para las plazas ocupadas temporalmente  de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 y adicionalmente  las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por  personal con una relación, de esta naturaleza, con anterior al 1 de enero de 2016)  nos vamos a implicar con la responsabilidad y seriedad que nos caracteriza, con la  intención de que en la fecha tope para la realización de todos los procesos de  estabilización (31/12/2024) la temporalidad se sitúe en el umbral del 8%. 

“Responsabilidad y seriedad que se van a ver caracterizadas por la búsqueda de  la suficiente seguridad jurídica en los procesos, partiendo de garantizar el principio  de igualdad de acceso a las Administraciones Públicas a todos los aspirantes a  convertirse en empleado público fijo. Probablemente no sea fácil (las dudas  existen), pero en UGT Servicios Públicos, a priori, no vamos a especular con  posibles recursos (a la Ley o bases de convocatorias) sin ni siquiera haber  comenzado la negociación. No es tiempo de buscar o añadir problemas a los ya  presentes, más bien es el tiempo de las soluciones”, apunta Ana Francés,  secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT Servicios  Públicos. 

El desarrollo de la negociación, y los desarrollos que se lleven a cabo en cada  ámbito y territorio correspondiente, marcarán nuestra estrategia y acción sindical  definitiva, sin descartar en ningún momento la movilización y  la judicialización en aquellos supuestos en que resulte inevitable, cuando  consideremos que nuestros criterios y principios no son tenidos en cuenta.  

“Porque en la cultura sindical de UGT Servicios Públicos, no existen las rupturas  totales, ni tampoco una continuidad absoluta, sí una adaptación constante” añade  Francés. “Procuraremos garantizar (en las mesas de negociación y la Comisión de  seguimiento del Acuerdo del 5 de julio de 2021) que todos los procesos de  estabilización se desarrollen de forma ágil y conforme a derecho, desde la  prudencia en las formas y la contundencia en los planteamientos”concluye la  responsable sindical.

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UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.