UGT Servicios Públicos y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo han mantenido una primera reunión para abordar aspectos relevantes del sector, como la falta de personal sanitario o la aplicación de la subida salarial acordada para 2022 en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Las plantillas de las Mutuas sufren un insostenible retraso en el cobro de sus incrementos salariales en relación con el resto de trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos. Esta situación se repite injustificadamente cada ejercicio entre las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
Ana Francés, secretaria de Salud y Sociosanitario de UGT Servicios Públicos ha señalado que no es aceptable que “una vez se aprueban los incrementos a percibir, estos no lleguen a hacerse efectivos para los trabajadores de las Mutuas hasta un año más tarde, en la mayoría de los casos”.
La responsable sindical trasmitió a Pedro Pablo Sanz, Director Gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes (AMAT), las medidas que el sindicato ha emprendido para resolver este agravio comparativo con el resto de trabajadores de los servicios públicos y le trasmitió el compromiso verbal que la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, adquirió con el sindicato para resolverlo.
Una actitud que contrasta con la forma de actuar del Ministerio de Seguridad Social. Francés denunció que aún sigue sin respuesta por parte del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, José Fernández Albertos. El sindicato le pidió una reunión el pasado 30 de junio de este año, coincidiendo con su nombramiento.
La carrera profesional y otros pactos pendientes de autorización, como el que regula el teletrabajo, también se han puesto sobre la mesa. UGT Servicios Públicos y AMAT se han comprometido a mantener nuevos encuentros para abordar éstas y otras cuestiones existentes en las Mutuas. En el encuentro también se ha abordado la falta acuciante de profesionales sanitarios que vive el país y que incide de pleno en las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las entidades reconocen que sufren una alta rotación de su personal sanitario, lo cual puede conducirlas a una falta de personal básico asistencial y al consecuente cierre de los centros, así como al aumento de la carga de trabajo en las trabajadoras y trabajadores que las Mutuas tienen en plantilla.
