El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos reclama que el plan de refuerzo escolar en el que está trabajando el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) incluya medidas de calado y preste una atención especial a los puestos de difícil desempeño. La mejora de la atención al alumnado necesita de un enfoque global y ambicioso. El profesorado necesita incentivos dirigidos a lograr la estabilidad de las plantillas y favorecer el atractivo de su profesión, para así mejorar la viabilidad de los proyectos educativos.
El plan de refuerzo en competencia matemática y comprensión lectora anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afectará a Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica, ha de prestar una atención especial a los centros de difícil desempeño, una consideración que incluye a aquellos que presentan necesidades de actuación educativa tanto por las condiciones personales, familiares o sociales del alumnado como por las características geográficas, socioeconómicas o socioculturales en que se insertan.
UGT emplaza también a las Administraciones educativas a actualizar la normativa vigente, tan heterogénea como las situaciones que reglamenta. Si bien algunas comunidades sí han acometido esa puesta al día, los criterios utilizados todavía para encuadrar puestos y centros con esta consideración obedecen a normas redactadas en algún caso hace más de 30 años y que no están concebidas para reforzar y apoyar los proyectos ni la acción educativa de estos centros.
En España están catalogados como de especial dificultad más de 2.000 centros educativos. Sin embargo, en comunidades como Extremadura o Andalucía algunos que cumplen los requisitos de la norma estatal han perdido esta denominación como consecuencia de las diferentes formulaciones dadas a nivel autonómico a la normativa reguladora, lo que dificulta aún más cuantificar el número de puestos catalogados como de difícil desempeño.
Un informe elaborado por UGT SP, que analiza la normativa vigente, la evolución del concepto de centros y puestos de especial dificultad y el tratamiento dado en países como Francia, Portugal, Reino Unido o Australia, evidencia que la cobertura de estas plazas no obedece a criterios uniformes. Por ello, hace falta que, por un lado, sean ocupadas por profesorado con un perfil idóneo y, por otro, que los incentivos atiendan de una manera efectiva las necesidades del puesto a cubrir. En muchos de ellos, como en los casos de centros de Educación Especial, los puestos singulares, las aulas de inmersión, las aulas hospitalarias o los centros penitenciarios de menores, es todavía más importante, si cabe, contar con ese perfil adecuado que garantice un buen desempeño.
Las dificultades en la cobertura de estas plazas o en la estabilidad de la plantilla podrían atajarse con una serie de incentivos –materiales y no materiales– que vayan más allá de la concesión de puntos en los concursos de traslados, que, en caso de existir vacantes disponibles, favorecen antes el abandono de estos puestos que su permanencia en los mismos.
Algunas comunidades premian al profesorado con incentivos que los fidelicen. La experiencia y las recomendaciones a nivel internacional refuerzan esta propuesta, planteando itinerarios más flexibles a la hora de atraer a nuevos docentes, así como alicientes que favorezcan la permanencia del profesorado en estos destinos, recompensen su labor y permitan la viabilidad de proyectos y buenas prácticas. Esto favorece una mayor equidad del sistema educativo, al combatir algunos de sus elementos más sensibles, como son los factores geográficos o socioeconómicos.
UGT considera interesante incluir en el proceso de formación inicial del profesorado prácticas remuneradas en estos perfiles y puestos de difícil desempeño. Pero también en el desarrollo de una promoción profesional que, respetando y garantizando el derecho a la movilidad de los docentes en sus puestos de trabajo, incluya tanto beneficios económicos como de otro tipo para aquellos que quieran permanecer en estos puestos.
La actualización de la normativa debería favorecer la estabilidad de las plantillas y reducir el número de funcionarios en situación de provisionalidad, suprimidos y desplazados; así como el compromiso de acuerdos sectoriales que favorezcan la docencia en los puestos con mayor dificultad, y la concesión de ayudas para acceder a la vivienda o a los medios de transporte necesarios para el desempeño de esta labor en áreas rurales, de difícil acceso o con falta de viviendas suficientes.
El sindicato también reclama que, en el marco del desarrollo del futuro Estatuto docente, el desempeño de estos puestos sea reconocido tanto para la promoción horizontal como para la vertical estableciendo los incentivos adecuados para el profesorado que los desempeña.
