Para ambos sindicatos es parte del desguace que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está realizando, y exigen al Gobierno de Coalición que no mire para otro lado
La cantidad asignada en los PGE al fondo de financiación del SPU, 110 millones de euros, es un 50 % menor que la defendida por los partidos del gobierno actual cuando eran oposición para garantizar un servicio postal accesible y asequible a la ciudadanía.
Mientras se recorta el servicio público postal, el presupuesto del Ministerio de transportes aumenta un 16% más que en 2021.
Por ello, CCOO y UGT reclaman al Gobierno que deje de mirar para otro lado e incluya a Correos en la agenda social de recuperación y mejora de los servicios públicos esenciales como el postal impulsando el crecimiento sostenible del operador y manteniendo como un eje fundamental en su actividad la misión de servicio público
En la recién aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en el Congreso, el Gobierno de coalición (PSOE/UP) ha vuelto a incumplir el compromiso adquirido con los trabajadores/as de Correos cuando estaba en la oposición y defendía la necesidad de garantizar la financiación (220 millones) para el SPU a través de los PGE. Tres años después de su llegada al Gobierno del país, el recorte acumulado del SPU es de 460 millones de euros, a lo que se suman casi 500 millones de pérdidas en la cuenta de resultados de la compañía, hecho del que no es ajeno el problema de gestión suscitado desde la llegada de un equipo de dirección presidido por Juan Manuel Serrano.
El Gobierno ha asignado en los PGE22 110 millones de euros al fondo de financiación del SPU, a pesar de que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha crecido un 16% respecto del año anterior. Esta cantidad es totalmente insuficiente y muy alejada (50% menos) de los 220 millones que, por acuerdo entre el entonces Ministerio de Fomento y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, enviaron a Bruselas como financiación necesaria para el SPU en 2018 y que el actual Gobierno de coalición defendía cuando era oposición.
Para CCOO y UGT los 110 millones presupuestados para el año 2022, además de insuficientes, agravan la pésima situación económica de Correos, actualmente insertado en un proceso claro de desmantelamiento/desguace, por la caótica gestión del actual presidente de Correos y por la falta de financiación del servicio postal público del país por parte del Gobierno, que conlleva recortes permanentes (la presidenta de SEPI en la comparecencia sobre los PGE22 anunció un recorte de 170 millones de euros). Los ajustes de un supuesto y fantasmal Plan Estratégico pactado por Serrano con el 24% de la representación sindical en Correos en contra del 76% de representación están generando en sus efectos (recortes en las plantillas del SPU, reajustes caóticos y precipitados, uso exacerbado de la propaganda y publicidad en proyectos devenidos en ocurrencias sin análisis previo en los que sustentarse) un enorme descontento y desconfianza entre los trabajadores/as, que ha devenido provocando en inevitables movilizaciones de protesta en forma de huelgas y paros, así como en un ambiente de permanente conflictividad laboral en la empresa pública más grande del país.
El deterioro en la prestación del SPU, provocado por los continuos recortes y la caótica gestión es tan evidente que en la mayoría de las Diputaciones provinciales del país, muchas de ellas lideradas por el principal partido del Gobierno, se han aprobado, a propuesta de CCOO y UGT, iniciativas (mociones y resoluciones) en apoyo del servicio postal público. Así ha ocurrido en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valladolid, Coruña, Palencia, Salamanca, Ourense, Cuenca, Soria, Toledo, Cádiz, Alicante, Almería, Lleida, Castellón, Tarragona, Jaén, Albacete, Granada, Córdoba y los cabildos de Las Palmas y Tenerife entre otras, igual que en muchos Ayuntamientos de poblaciones urbanas grandes/medianas y pequeñas del ámbito rural que ven día a día como sus ciudadanos/as sufren las consecuencias del cierre de oficinas y de servicios rurales.
CCOO y UGT reclamamos al Gobierno que deje de mirar para otro lado ante el clamoroso despropósito de gestión y el desmantelamiento que el señor Serrano está ejecutando despóticamente “manu milatari” en Correos y, de una vez por todas, apueste por un modelo postal público, potenciando el SPU en todo el territorio nacional, modernizando sus misiones de servicio público a la vez que se aumentan la eficiencia y competitividad (aspectos que no son incompatibles en un modelo de gestión razonable y adecuado a los objetivos referidos que en absoluto responden al Plan oculto que está desarrollando el Señor Serrano).
Correos y el servicio público postal, esencial y de carácter universal, que presta, cuya naturaleza fue refrendada recientemente por el Consejo de Estado en su Informe sobre el Plan de Prestación del SPU, debe de mantener sus capacidades para cohesionar y vertebrar el territorio, garantizando que nadie se quede atrás de la recuperación económica y social y cumpliendo -el Gobierno- su compromiso de legislatura con las personas, con la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad y con la mejora de los servicios públicos esenciales como el postal, garantizando su acceso a toda la ciudadanía del país.
CCOO y UGT advierten que, mientras no se cambie el rumbo del equivocado y desastroso proceso actual en Correos en el que bajo la excusa de una reconversión postal se está promoviendo un desguace en toda regla de forma tan desacertada que está poniendo en riesgo el futuro del Servicio Público y de la propia existencia de la empresa pública como Operador designado del SPU, seguirán en su proceso de movilización sostenida en el tiempo, habida cuenta de que ambos sindicatos llevamos dos años reclamando del Gobierno una solución a esta situación insostenible en cuanto a la gestión y también incomprensible desde el punto de vista político.
El Gobierno debe saber que la postura de CCOO y UGT sigue siendo la defensa de un Modelo Postal Público, sostenible, moderno, eficaz en su misión de prestador de un servicio postal universal que sea garante de un derecho inalienable de los ciudadanos/as, además de imprescindible para reconstruir nuestro país.
Ambos sindicatos seguimos considerando que la evolución en sus capacidades, las adaptaciones (que ya venían adoptándose antes de la llegada del actual equipo) y la mejora de la eficiencia en Correos, no pueden ser sinónimo (ni la excusa) para desmantelar y desguazar un Servicio Postal que puede y debe encarar los desafíos desde un pacto social con sentido de estado entre todas las partes implicadas.
