Asociaciones de víctimas y sindicatos advierten de que, si no hay avances, habrá movilizaciones
La proposición de Ley de creación del fondo de compensación de las víctimas del amianto acumula, desde el 13 de abril, 28 ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso, lo que retrasa de manera injustificada el inicio de su tramitación en la Comisión Parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), UGT y CCOO mantuvieron ayer, 16 de febrero, reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos para exigir la inmediata tramitación de la proposición de Ley de creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto.
En la reunión con las diputadas socialistas Mercè Perea e Inmaculada Oria, las organizaciones sindicales y la delegación de víctimas han recordado el compromiso alcanzado por el Grupo Socialista de iniciar la tramitación de la proposición de Ley en la Comisión Parlamentaria en el plazo de dos meses tras la aprobación de los Presupuestos Generales en los que se incluyó una enmienda para financiar el Fondo de Compensación con una partida de 25 millones de euros.
El plazo finaliza el próximo 28 de febrero, que prácticamente coincide con la finalización del periodo de presentación de enmiendas actualmente vigente el 23 de febrero, y los representantes de FEDAVICA, CCOO y UGT han informado a las parlamentarias de que, si el 23 de febrero la Mesa del Congreso ampliase nuevamente el periodo de presentación de enmiendas, las tres organizaciones anunciarán la convocatoria de movilizaciones conjuntas. Por su parte, las parlamentarias del Grupo Socialista se han comprometido en intentar concretar, en el menor plazo posible, la fecha de inicio de la tramitación.
En el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el contenido de la proposición de Ley como, por ejemplo, la necesidad de recuperar los consensos alcanzados en la Comisión Parlamentaria durante el anterior intento de tramitación del Fondo de Compensación en la XII Legislatura, con el objetivo de acelerar su aprobación. También se ha repasado el documento de enmiendas elaborado de manera conjunta por FEDAVICA, UGT y CCOO, y se ha coincidido en la necesidad de clarificar el ámbito de aplicación del Fondo y sus personas beneficiarias, que serían las afectadas por exposiciones al amianto de origen laboral, doméstico (familiares de trabajadores expuestos) y ambiental (vecindario de instalaciones en las que se utilizaba amianto), así como la estructura de financiación del Fondo, similar a la del Fondo de Indemnización de Víctimas del Amianto existente en Francia, y que contaría con partidas procedentes de fondos de la Seguridad Social, de los Presupuestos Generales del Estado, de las sanciones impuestas a las empresas por faltas de medidas de prevención en relación con el amianto y por la subrogación a favor del Fondo del derecho a litigar frente a las empresas responsables de los daños a la salud.
No se puede retrasar más
En la reunión con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, representado por Pilar Garrido y Juan López de Uralde, se ha vuelto a poner de manifiesto la urgencia de iniciar la tramitación en la Comisión Parlamentaria y de recuperar los consensos alcanzados en 2019. Asimismo, se ha preguntado al Grupo Parlamentario por la decisión de trasladar el Fondo de Compensación del ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al de Asuntos Sociales y Agenda 2030, extremo confirmado por los parlamentarios.
En este sentido, FEDAVICA, CCOO y UGT han manifestado su discrepancia, puesto que, inicialmente, la parte más importante de la financiación del Fondo correspondería a fondos de Seguridad Social, lo que unido a que los órganos rectores previstos por la proposición de Ley están compuestos, fundamentalmente, por responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a otros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin presencia del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
