Aunque reconocen importantes avances en el trabajo desarrollado al amparo del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, con mejoras en más del 60 % del articulado, advierten de que no se puede avalar el Anteproyecto aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros si no se consolidan los derechos del personal público de la Administración General del Estado. Exigen mayor ambición para modernizar los servicios públicos y garantizar su prestación a la ciudadanía.
CCOO y UGT han presentado las mejoras introducidas en el Anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, de manera previa a la apertura mañana de la Mesa General de Negociación. Anticipan que el trabajo bilateral con el Gobierno, firmado dentro del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, debe continuar avanzando para que ambas organizaciones puedan avalar la norma que regirá las condiciones laborales del personal público de la Administración General del Estado en los próximos años.
Los sindicatos destacan el trabajo lento y sosegado que se viene llevando a cabo y que ha supuesto 250 modificaciones en el texto hasta el momento, alcanzando a 88 de sus artículos, un 63 % del total. Advierten, sin embargo, de que se mantienen artículos que limitan derechos ya consolidados para el personal público reglamentariamente o mediante acuerdos en el diálogo social, siendo imprescindible su modificación no solo para garantizar las condiciones laborales, sino también por la influencia directa de estas sobre la sociedad y la aplicación de las políticas públicas y sociales desarrolladas por el Gobierno.
Entre los contenidos con mayores mejoras, destacan la evaluación del desempeño, en la que se ha eliminado gran parte del carácter limitador de derechos en favor de un enfoque que valora los resultados positivos. CCOO y UGT consideran que este cambio dirige los esfuerzos del personal al cumplimiento de objetivos, y no al miedo a la sanción, por lo que se refuerza su función de cara a los derechos de la ciudadanía. Sigue pendiente el reconocimiento de la participación sindical en la evaluación, como garantía para las plantillas a las que representan, y mayor concreción en los criterios del sistema y el complemento retributivo asociado.
Coinciden en la importancia de la introducción de un título completo sobre los derechos y deberes del personal público, donde se recogen garantías como la inamovilidad en la condición de empleado público, y los avances en la carrera profesional e igualdad, entre otras materias.
Sin embargo, apuntan a la necesidad de mantener el ritmo en el trabajo bilateral, para continuar consolidando mejoras en el Anteproyecto, ya que según señalan todavía se mantienen alrededor de 200 enmiendas en discusión.
Entre los aspectos pendientes, recuerdan los derechos en la movilidad, el desarrollo del grupo profesional B, la garantía retributiva, la extensión a la totalidad del personal, la eliminación de la discrecionalidad en la adjudicación de puestos, la reconvocatoria de puestos vacantes en las ofertas de empleo público, la supresión de la movilidad forzosa o asegurar la jornada laboral de 35 horas.
UGT y CCOO confían en el trabajo de la Mesa General de Negociación como palanca de apoyo a las propuestas que vienen realizando en el grupo bilateral, y confían en que el mantenimiento de ambos foros permita que se avance con mayor celeridad en el consenso en torno a las enmiendas pendientes de recoger en el texto. Alertan de la necesidad de reforzar y mejorar los derechos del personal público, como única garantía de que los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía se llevan a cabo bajo los principios de igualdad, transparencia y objetividad, y con criterios de interés público. Concluyen esperando que el compromiso social del Gobierno se concrete en mejoras de la Administración que depende directamente de su acción, superando la mera modificación del Anteproyecto actual.
